Las personas con discapacidad son la minoría más grande del mundo, que comprende el 15 por ciento de la población mundial, o mil millones de personas. Muchos de ellos son excluidos constantemente del progreso del desarrollo, y durante las crisis o los desastres naturales se ven afectados de forma desproporcionada. Además, las actitudes discriminatorias limitan su plena participación en la sociedad y contribuyen al aumento de las desigualdades (Steiner, 2018)
Concretamente en el caso de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales; los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, una doble discriminación pues el género, la condición socioeconómica, la raza y la etnia pueden acentuar esta situación.
México firmó y ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y su protocolo facultativo, un tratado de derechos humanos. Esto obliga al Estado Mexicano, independientemente de quién lo gobierne, a cumplir estos artículos y trasladar a la legislación propia el contenido de esta Convención. A su vez, someterse a una evaluación periódica y a recibir recomendaciones de parte de la ONU que se compromete a cumplir. Para ello se sigue el siguiente proceso:
– El estado entrega a la ONU un informe especial (en México el último entregado fue en febrero de 2018)
– La Sociedad Civil e instituciones entregan informes alternativos o sugerencias para la “Lista de Cuestiones” (en la siguiente liga podrá encontrar todos los informes alternativas publicados: https://yotambien.mx/mexico-se-evalua-ante-la-onu-asi-es-el-proceso/)
– La ONU establece una “Lista de Cuestiones” al estado
– El Estado responde a la “Lista de Cuestiones” por escrito.
– ONU y Estado establecen un diálogo interpretativo, en el que participan organizaciones de la sociedad civil (en inicios de 2020)
– ONU emite sus observaciones finales o recomendaciones (de marzo a septiembre de 2020)
El comité de la CDPD realizó su primera y, a su vez, última evaluación en 2014 y recomendó diferentes medidas en los ámbitos educativo, laboral y de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, así como fijar líneas presupuestarias específicas para cumplir objetivos en materia de igualdad y acciones para combatir casos de discriminación, entre otras. Ahora nos encontramos a la espera de los resultados y de conocer si verdaderamente México a dado pasos en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.
Desde CAPYS entendemos que es clave la promoción y protección de los derechos humanos de personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad. Para lograrlo deberá de realizarse mediante una serie de acciones transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, así como el garantizar la accesibilidad física, de información y comunicación.