En México, el rechazo y segregación de las personas con discapacidad han sido actitudes negativas que prevalecen y contra las cuales se desarrollan esfuerzos por cambiar.
La sobreprotección ha sido otra actitud aparentemente distinta pero que también segrega y, sobre todo, condiciona a la persona con discapacidad ya sea niño, adolescente o adulto a una dependencia total.
Programas bien intencionados de asistencia caen con frecuencia en este insidioso patrón de dependencia y hacen de los supuestos beneficiados, esclavos desafortunados de esta protección.
Antes esta realidad, se requería un cambio de actitudes de la sociedad. Fue así como un grupo de profesionales inquietos, apoyados por algunos padres de familia, empezaron hace más de 30 años a hacer factible este cambio, logrando que las personas con discapacidad intelectual pudiesen participar equitativamente en la sociedad al ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones como cualquier otra persona, ya que un derecho y una obligación fundamental para ellos, al igual que para todos los seres humanos, es desarrollar su potencial para ejercitar un control independiente sobre su vida, y ser tan productivo y autosuficientes como sea posible, con el fin de que la sociedad en su conjunto genere mecanismos y acciones facilitadoras para que todos los individuos en su diversidad logren una vida digna en términos de respeto, igualdad justicia y congruencia.